Invisibilizar la pobreza
Hace unas semanas salió a la luz pública el informe del Defensor del Pueblo sobre la clamorosa ausencia de regulación en los centros de niños y niñas protegidos. Se puede decir otro tanto, si no más, del internamiento de personas extranjeras.
El régimen de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) no está regulado por Ley Orgánica, aunque afecta -y cuánto- a la libertad. Tampoco hay efectiva vigilancia judicial de lo que acontece en su interior: es la Policía exclusivamente la que se ocupa de ello. El uso de medios coercitivos no está sometido a los mecanismos de control judicial que se dan en una prisión. En síntesis: una persona inmigrante sin papeles que sobrevive sin cometer delitos es de peor condición jurídica que otra (nacional o extranjera, con o sin papeles) que haya delinquido y esté ingresada en un centro penitenciario.
En su empeño por hacer invisible a la población sobrante, las leyes que vienen son poco tranquilizadoras. Todas, cínicamente, señalan que se promulgan para proteger al extranjero y defenderlo de las mafias. El anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería no se contenta con ampliar el plazo de internamiento a 60 días; además, en ciertos supuestos, puede tornarse en indefinido: un Guantánamo a la española.
Los extranjeros, sobre todo si son vulnerables -los otros suelen ser bien recibidos, incluso con honores de Estado, aunque sean corruptos y tiranos-, además de ser contenidos con medios que van de la concertina al Sistema Integrada de Vigilancia Exterior (SIVE) o impedidos de salir de sus países castigando esas conductas en sus códigos penales por presión de la UE, también disfrutarán de «asilo externalizado»; o sea, de la denegación de un derecho humano a cargo de las empresas de transporte o gestionado mientras el peticionario permanece en un centro ad hoc… en África.
Lo último de esta peligrosa deriva es la pretensión de criminalizar valores como la acogida, el cuidado, la solidaridad y la hospitalidad para con los forasteros. De aprobarse, se impondrán cuantiosas multas a los «colaboradores» con la inmigración ilegal: ONG, congregaciones religiosas y ciudadanos que facilitan altruistamente techo y pan a los sin papeles. Los derechos humanos, los valores éticos de Atenas, Roma y Jerusalén, al borde del precipicio. Ante este panorama y la inhumanidad del mal Derecho, tenemos el deber moral de disentir. Toca decir, ahora también: no, en mi nombre, no.
El Mundo. 16/02/2009.
José Luis Segovia es profesor de Ética Social. Firma este artículo junto a
Julián Ríos, profesor de Derecho Penal
18 febrero 2009 a las 2:09 pm
Es importante que haya voces como la de este profesor que nos recuerden que los derechos humanos, ante los que todos somos iguales, no siempre se cumplen en España. No se trata de defender un “papeles para todos”, la inmigración es una cuestión muy compleja, pero sí el cumplimiento estricto de los derechos humanos; y desde luego no criminalizar al que no ha cometido crimen alguno.