Fernando de la Prida

-

“250 Diputados obtienen ingresos al margen de su sueldo oficial”

 

La portada de El País del domingo 29 de Marzo nos traía esta noticia, que a algunos les ha podido pasar inadvertida, otros hubieran preferido que no saliera y que, en mi caso me causó un gran estupor y rechazo.

 

Teniendo en cuenta que nuestra Cámara legislativa está compuesta por 350 escaños, lo noticia pone de manifiesto que casi tres cuartas partes de sus miembros no se conforman con el sueldo, nada despreciable por cierto, que cobran del Estado por desempeñar una actividad para la que se han presentado voluntariamente.

 

Ahora me explico esas ausencias tan notables que aparecen en las imágenes de sesiones ordinarias, donde no se juegan victorias o derrotas de sus respectivos grupos parlamentarios, únicos que les imponen la disciplina de voto con su presencia en el hemiciclo. Sus señorías están cuidando en esos momentos de la “otra parcela profesional” que les garantiza los ingresos extras que necesitan para llevar el tren de vida o consolidar el patrimonio

 

Según parece, esto es una práctica legal y más aún admitida por los demás componentes de la Cámara, que conforman y confirman esa validez con su silencio.

 

El artículo se extiende en otros detalles como las actividades en las que se ocupan sus señorías: Un número elevado de diputados participan en tertulias de radio o televisión, dan conferencias o imparten clases en universidades. Otros como Miguel Arias Cañete, del PP, que presenta preguntas al Gobierno sobre el sector energético, tiene negocios relacionados con los combustibles en Ceuta y Melilla. Aún hay casos mas llamativos como el del impetuoso señor Pizarro, portavoz del PP en la Comisión Constitucional, quien, según El País participa en más de diez instituciones públicas o privadas aunque, según él son cargos honoríficos por los que no percibe remuneración, aunque reconoce: “es posible que en alguna de ellas perciba dietas”; otro caso de impacto es el del diputado J. M. Michavila que trabaja en un despacho de abogados que tiene múltiples contratos con Ayuntamientos, o asesoramientos de gestión de patrimonios.

 

Los socialistas no quedan al margen de estas prácticas: Según el citado periódico, Juli Fernández, concejal de Palafrugell (Girona) consejero de la asamblea general de Caixa Girona, es además director y administrador de dos empresas de servicios en su área de influencia. Y así, según parece, existen un total de 250 casos de personas en representación de casi todos los partidos, según pone de manifiesto dos dictámenes, hasta ahora secretos, encargados por el Gobierno. El diario apostilla…  “En esta ocasión, los padres de la patria no se han aplicado la famosa frase de «luz y taquígrafos» a pesar de que una y otros abundan en el hemiciclo.”

 

Claro que la cosa todavía podría ser peor, por ejemplo, tengo entendido que en Italia un diputado, además de poder mantener limpiamente todo tipo de actividades (basta con ver el ejemplo que da el señor Berlusconi) cuando cesa en su actividad parlamentaria, incluso por haber sido derrotado democráticamente, tiene el derecho a una pensión vitalicia del mismo sueldo, más chofer y ayudante (¿secretario, ayuda de cámara, mayordomo?) gratis.

 

Con la situación tan crítica que están viviendo en estos momentos los millones de españoles que ni siquiera tienen un empleo ni un ingreso mínimo garantizado en cada mes, no me extraña que se sientan defraudados de la política. Si yo estuviera en el lugar de alguno de estos diputados (o también de los senadores, puesto que me imagino que esta práctica también se extiende al Senado) representando a esos ciudadanos que se encuentran en situaciones tan dramáticas, estoy seguro que tendría problemas de conciencia que, no solo me impedirían dormir tranquilo cada noche, sino que me sentiría incapaz de ponerme delante de ellos y atribuirme su representación, y más aún figurar en la próxima lista electoral cerrada y pedirles que me voten de nuevo  ¡Y aquí todo el mundo ni se inmuta!

 

Me ha venido a mi mente una pregunta ¿Tendremos en nuestras filas candidatos a ocupar cargos públicos en representación de Ciudadanos, futuros congresistas, consejeros o concejales, que encuentren también normal esta práctica, o peor aún, que estén contando con este pluriempleo encubierto? Me refiero al caso español, no quiero pensar que sueñen con el caso italiano.

 

Por si fuera así ¿No os parece que deberíamos someter a discusión este tema, con la posibilidad de aprobarlo o rechazarlo democráticamente y llevarlo incluido en nuestros próximos programas electorales?

 

Si pudiéramos dar esta garantía de honestidad y coherencia con nuestras intenciones: “No somos profesionales de la política, estamos en la política para servir a los ciudadanos”. No me cabe la menor duda que nos daría un toque de distinción y, además, un buen montón de votos. Luego habría que mantener este compromiso.

¿Cuál es tu opinión sobre este tema?